Empleados de empresas públicas y privadas que en el desarrollo de su actividad precisen de forma directa o indirecta el uso de la inteligencia artificial.
Empresarios cuyas empresas hagan uso de la inteligencia artificial.
Funcionarios y empleados de las Administraciones públicas (AAPP) que en el desempeño de sus funciones puedan tener relación directa o indirecta con la IA.
Delegados de protección de datos (DPOs) que deban integrar el Reglamento IA en sus políticas de protección de datos.
Profesionales del derecho y consultores legales que desean entender y aplicar las implicaciones jurídicas del Reglamento IA.
Consultores de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial.

